Alrededor de medio millón de inmigrantes podrán iniciar el proceso para regularizar su situación en España tras la aprobación de la nueva medida del Gobierno. Entre ellos se encuentra Julián Tobón, un ciudadano colombiano que lleva casi dos años en el país y que espera poder obtener finalmente sus papeles.
Julián llegó a España y comenzó trabajando en el sector de la construcción. Con el tiempo, ha conseguido prosperar hasta crear su propia empresa, aunque todavía se encuentra en situación administrativa irregular. Durante su intervención en el programa Espejo Público, explicó que está ilusionado ante la posibilidad de presentar la documentación de forma telemática y comenzar a cotizar legalmente.
Sin embargo, uno de los puntos que más dudas está generando entre los solicitantes es la exigencia de acreditar una “situación de vulnerabilidad”. Este requisito, incluido en el BOE, ha sorprendido tanto a los propios inmigrantes como a abogados especializados en extranjería, ya que todavía no está claro qué criterios se tendrán en cuenta para valorar dicha vulnerabilidad.
Manuel Martos, abogado experto en extranjería, señaló que la irregularidad administrativa puede afectar a muchos aspectos de la vida de una persona extranjera, como el acceso al empleo, la vivienda o la estabilidad económica y social. Por ello, confía en que los servicios sociales puedan valorar favorablemente estas circunstancias.
Además del informe de vulnerabilidad, los solicitantes deberán cumplir otros requisitos, como contar con un precontrato de trabajo, una oferta de empleo, el compromiso de alta en el RETA en caso de actividad por cuenta propia, o tener hijos en edad de escolarización.
La medida podría tener un impacto importante en el mercado laboral, ya que muchas personas que hasta ahora trabajaban sin contrato podrán incorporarse de manera regular al sistema, cotizar y desarrollar su actividad con mayor seguridad jurídica.
